“A la calle por defender nuestros derechos”

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Un grupo de vecinos residente en el número 14 de la avenida María Moliner de Leganés inició ayer una huelga de hambre frente a los juzgados de la localidad ante la posibilidad de ser deshauciados en los próximos días. En total son quince familias las que están condenadas a dejar su vivienda de protección oficial en la que estaban en régimen de alquiler. Según la sentencia del juzgado de Leganés, tienen que desalojar su casa por finalización de contrato.

A través de este acto, según explica Mercedes Serrano, una de las afectadas, se pretende “denunciar los abusos de Larcovi”, empresa privada encargada de gestionar los alquileres de los inmuebles.

“Larcovi dice que no cumplimos los requisitos, como el salario y el aval y por eso no nos ha renovado el contrato”, indica. Sin embargo, como asegura Sonia Pavo, otra de las afectadas, “no han podido demostrar que no cumplamos esos requisitos, ya que los cumplimos”. Sonia y la madre de Mercedes, Ermitas Carrera, forman parte de la Junta Directiva de una asociación de afectados que se constituyó hace dos años para tratar de solucionar una serie de problemas relacionados con estas viviendas, principalmente desperfectos de construcción. Al respecto, según informan estas vecinas, hay un expediente abierto en la Comunidad de Madrid y otro realizado por los técnicos del Ayuntamiento de Leganés.

Por el momento, hay ya dictadas dos sentencias que se han recurrido y se han celebrado ocho juicios, dos de ellos tuvieron lugar ayer y uno se suspendió “porque el juez nos ha instado a un acuerdo y ahora Larcovi tiene la última palabra. Tiene de margen una semana”, afirma María Luisa Ginés, abogada de la plataforma de afectados.

Represalias de ‘Larcovi’

Según los vecinos, Larcovi ha tomado esta decisión “como represalia a la denuncia contra la empresa”. En este sentido indican que “a otros vecinos que tampoco cumplen los requisitos, sí se les ha renovado porque no participaron de la denuncia”.

Pero fuentes de la empresa insisten que “no se debe a ninguna represalia”, sino que esas familias “no cumplen los requisitos establecidos para viviendas de protección oficial por ley y los establecidos por Larcovi”. Estos son que su renta no debe superar 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o que no debe ser inferior a una vez el SMI o bien debe presentar el aval de una persona que tenga una renta igual o superior a 2,5 veces el SMI. Otro de los motivos que la empresa esgrime para no renovar el contrato a estas familias es la morosidad. “Algunos inquilinos no han pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la renta de alquiler”, señalaron las mismas fuentes. En este sentido, los afectados recuerdan que “no hemos faltado al pago de la renta”. “Nos la pasaban por el banco, pero luego dejaron de pasarla, por lo que decidimos reunir el dinero e ingresarlo directamente en la cuenta de la empresa”.

Falta de apoyo del Ayuntamiento

Los afectados también se quejan de la falta de respuesta a sus problemas por parte del alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez. “Cuando le pedimos ayuda para la denuncia contra Larcovi nos llamó gentuza y nos dijo que pagamos 9.000 pesetas por un piso de lujo cuando pagamos más comunidad que en otros pisos que no son de protección oficial”, señalan.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales de Leganés, Margarita Pedruelo, ha manifestado a Europa Press que el Ayuntamiento leganense no puede mediar en el conflicto porque se trata de “un contencioso privado”. En este sentido, descartó que el Consistorio facilite viviendas a las familias que queden desahuciadas porque “no las tiene”. Sin embargo, un portavoz municipal declaró a la misma agencia que una solución sería que la compañía modificase las condiciones de los arrendamientos o que, incluso, ofreciese la posibilidad de compra a los inquilinos. En este sentido, el presidente de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE), Raúl Calle, recordó que la compañía pública “hizo una interpretación de la legislación vigente para evitar que, tras un contrato de cinco años, varias familias fuesen desalojadas”.

Mientras los inquilinos, que serán deshauciados en pocos días, han iniciado una campaña de recogida de firmas con el fin de modificar las leyes o decretos que regulen las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento.

Información extraída: “Diario del Suroeste”

One Response to ““A la calle por defender nuestros derechos””

  1. ELENA Says:

    Gracias por estos datos y me gustaría que me informasen de todo lo relacionado a Larcovi pues tengo una amiga que vive en uno de sus pisos de proteccion en alquiler.
    Quiero saber como va a acabar la historia y si puede facilitarme el correo o telefono de una de las personas afectadas te lo agradeceria enormemente.

    Gracias

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